Felipe Pardo.
Resulta difícil superar el asombro que provoca esta suerte de resignación colectiva frente a los “accidentes” de transito que enlutan a miles de peruanos. Mas aun, cuando este flagelo junto al hambre del pueblo merece ocupar el centro de la agenda política y mediática. Sin embargo estas muertes siguen siendo noticias rutinarias como lo son las victimas diarias en Irak, Afganistán o Georgia.
El objetivo de esta nota es aportar otros ingredientes al debate, enfatizando dos causales deliberadamente ocultas. Ocurre que son factores que tienen que ver con políticas estructurales en el País y visiones de largo plazo, dos insumos dramáticamente escasos entre políticos y gobernantes. Estamos hablando de la decadencia de nuestro “sistema” vial, de la macrocefalia poblacional y política del ejecutivo, y la falta de educación como causal estructural del problema. Estas variables comparten efectos propios e interactivos, para sumar calamidades en las rutas. Si a esto se agrega el impacto del “crecimiento económico” y el “lavado de dinero” en el mercado automotriz, de transporte, y de bebidas alcohólicas (mas carros, mas ómnibus es, mas dinero para viajar, para divertirse, para emborracharse), la suma se incrementa.
Esta función multivariable: geografía, demografía, sistema vial, educación, controles, parque automotor, etc., conforman un cóctel trágico que no deja margen para esperar otros resultados. Desaprender gradualmente este modelo colapsado, implica generar país en el interior, como parte de un desarrollo nacional que apunte verdaderamente a una descentralización absoluta. Sin embargo, mientras estas ideas maduren o se implementen hay cosas inmediatas que se pueden hacer, más allá de las dramatizaciones televisivas, para mitigar los daños. Claro que por razones de autismo político y escasez de talento en las esferas del poder, esta demanda tendrá que salir de la acción ciudadana y, mas genuinamente, del interior del país. Sólo con la recuperación democrática del Estado, a través de la integración política de la “Oposición Silenciosa”, se podrán proyectar políticas que superen los tiempos y mandatos electorales.
Lo mismo sucede con la energía: se aumenta la competitividad, regalando nuestros recursos naturales y abaratando la mano de obra a niveles escandalosos, con el objetivo de atraer inversiones. Todo esto sin percatarse que un país que pretende mejorar su capacidad industrial y que como consecuencia de ello un sector de la población aumente su capacidad de consumo (compra de electrodomésticos, aire acondicionado, estufas, hornos de microondas, etc.), requiere de un modelo energético inverso al que implementó Fujimori a pedido de los grupos económicos quienes aspiraban a conformar un pueblo pobre con mano de obra barata para explotar nuestros recursos naturales y donde solo unos pocos se enriquecen.
Sin embargo, el presidente García, contrariando sus promesas electorales, decide dejar intacto y continuar el modelo fujimorista a pesar de sus devastadores resultados: Ministerio de Educación sin escuelas, Ministerio de Salud sin Hospitales, cero organismos de planificación y Ministerio de Energía con un aparato energético desvastado sin capacidad de regulación de dicho mercado al no poseer el control de la transmisión troncal, y la generación.
Frente a esta situación y como primera medida, se debe trabajar en la construcción de un Poder Político Popular y en el fortalecimiento teórico-pragmático del talento nacional relacionado al sector para luego recuperar los recursos naturales y nuestras empresas de energía. Recuperación que contaría con los recursos humanos y tecnológicos necesarios y suficientes para garantizar el funcionamiento de las empresas y el sistema puesto al servicio del pueblo peruano.
Finalmente, sería bueno saber que países como EE UU posee un plan energético proyectado a 100 años, Francia hace proyecciones en materia de energía a 50 años, sin embargo un buen comienzo significaría pensar como España ó Portugal que proyectan un plan energético a 30 años, considerando que es la única manera que podamos sostener un ritmo de crecimiento razonable que garantice un Perú democrático con trabajo para todos, salarios dignos, salud, educación y cero accidentes de tránsito.
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