Felipe Pardo y Aliaga
En el mundo de la información y la comunicación, se registra en las últimas décadas un proceso creciente de concentración y monopolizació n a escala mundial y regional. El proceso de fusiones, reestructuraciones y adquisiciones transfronterizas ha dado lugar al nacimiento de unos pocos conglomerados multimedias que controlan los medios, la industria cultural y del entretenimiento, además de la Internet , etc. a nivel planetario. Entre ellas se puede mencionar a AOL-Timer Warner, Disney, News Corporation, Vivendi Universal y Bertelsmann, Microsoft.
Estos conglomerados cumplen un doble rol: como agentes discursivos y como agentes económicos. En tanto actores económicos se inscriben en una de las actividades de mayor desarrollo y que más ganancias genera, a tal punto que desde ellas han surgido los mayores multimillonarios del mundo, como Bill Gates. Como agentes “discursivos” no solo “venden y legitiman el ideario global sino que también lo transforman en discurso social hegemónico, difundiendo visiones del mundo y modos de vida que transfieren al mercado la regulación de las demandas colectivas. La llamada gran midia fabrica el consenso sobre la superioridad de las economías abiertas, insistiendo en que no hay salida fuera de las recetas neoliberales” (1)
Aunque las transnacionales mediáticas asentadas en Estados Unidos tienen una gran influencia en la región, sus competidores de origen europeo, principalmente de España (como el grupo PRISA y Telefónica Móviles (2), están conduciendo a una diversificació n de la dependencia y a un incremento de la subordinación cultural e informativa de América Latina y del Caribe. Las transnacionales del Norte controlan en la región la telefonía fija y móvil, los servicios de Internet, las comunicaciones satelitales y las redes de televisión. Las cadenas de televisión por cable (CNN, MTV, Cartoon Network, Discovery Channel), las agencias de información y sus servicios para radio y televisión de los países desarrollados, llegan con sus mensajes a millones de teleespectadores, radioescuchas o lectores, en asocio con los medios locales.
En América Latina también se produce un proceso de concentración mediática en los mismos grupos tradicionales dominantes que históricamente han detentado el poder económico y político, mismos que ha entrado en alianza, de manera subordinada, con el capital transnacional. Entre los conglomerados latinoamericanos de mayor influencia se puede mencionar a Televisa de México, O Globo de Brasil, el grupo Clarín de Argentina, el grupo Cisneros de Venezuela, el Mercurio de Chile y Caracol de Colombia, entre otros. “La concentración en pocas manos dificulta la entrada de nuevas empresas, estilos y contenidos en el mercado. Más aún: homogeniza el noticiero y estandariza el entretenimiento. Poderosos, los controladores son contrarios a la crítica y al cuestionamiento a sus procedimientos. En el caso de las emisoras de radio y televisión, que dependen de concesiones públicas para operar, el caso es peor, ya que la condición pública, los compromisos que se derivan de la concesión y las contrapartidas sociales son simplemente olvidados”. (3)
El proceso de monopolización también se reproduce en las redes globales de comunicación, particularmente en la Internet. En lo que se refiere al gobierno de Internet, Estados Unidos controla la red de redes a través de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés), un organismo de derecho privado dependiente del Departamento de Comercio de Estados Unidos. “ La ICANN es la gran controladora de la red. Se basa en un dispositivo técnico constituido por 13 poderosos ordenadores, denominados "servidores raíces", instalados en Estados Unidos (cuatro en California y seis cerca de Washington), en Europa (Estocolmo y Londres) y en Japón (Tokio)”. (4) (5)
EE.UU., durante los debates de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), realizada en Túnez, mostró una tenaz oposición a perder la hegemonía de Internet, aunque, por la presión internacional, dio paso a la creación de un Foro sobre la Gobernanza de Internet, una instancia de deliberaciones que no alterará el control que mantiene sobre la red mundial de computadoras.
En lo que se refiere a la industria del software es conocido el dominio monopólico de la estadounidense Microsoft, aunque su “imperio” informático está siendo cada vez más cuestionado por el movimiento de software libre que gana cada vez más terreno y por gobiernos que han adoptado el software de fuente abierta. De otro lado, algunos estudios indican que 14 empresas absorben el 60% del tiempo que los navegantes pasan conectados a la Internet. Con relación a los idiomas, el 80% de los contenidos difundidos en los sitios Web está en inglés, pese a que solo el 10% de la población mundial maneja este idioma. (6)
En América Latina y el Caribe aún está lejos de superarse la denominada brecha digital que es la expresión de las “brechas sociales, económicas, políticas y culturales, existentes dentro y entre las sociedades”. Aunque en la región, según datos de la CEPAL , el número de usuarios de la Internet se multiplicó por 12 entre 1998-2004 (desde 6 hasta 72 millones), esto representa solo el 14% de la población latinoamericana y caribeña, lo que contrasta con el 50% de los habitantes de los países desarrollados. El acceso a Internet se concentra en las capas de mayor nivel económico (7) y es usado más por hombres que por mujeres, en tanto que amplios sectores pobres del campo y de las ciudades, grupos étnicos y minorías forman parte del gran contingente que se está quedando fuera de los potenciales beneficios de las nuevas tecnologías.
Pero además del control global que ejerce EE.UU. sobre Internet y la llamada brecha digital, existen otros factores y tendencias en la comunicación que hacen ver las limitaciones y restricciones de la Internet y de las comunicaciones globales. Nos estamos refiriendo a los efectos negativos de los sistemas mediáticos sobre las identidades y las culturas; la emergencia de los regímenes de los “derechos de autor” y la erosión del dominio público del conocimiento global; los atentados a los derechos humanos en la campo digital, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, fecha a partir de la cual se han adoptado regulaciones más fuertes para la vigilancia electrónica a nivel global, atentando contra la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos/as. (8)
Los factores señalados anteriormente permiten decir que el derecho a la
comunicación que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos, se encuentra amenazado por un nuevo tipo de dictadura: la dictadura del mercado que ha transformado a la información en una mercancía, despojándola de su esencia fundamental que es la de constituir un bien público. La información ahora es la mercancía que permite la realización de la ganancia. Esta mercancía, por lo tanto, se encuentra sometida a las llamadas leyes del mercado: a la oferta, la demanda y la competencia. Sometidos al parámetro implacable del rating, los medios no escatiman ningún método para ganar audiencias. Todo o casi todo es válido en este campo: la pornografía, el sensacionalismo, la simplificació n de la información, la programación de la televisión basura, el uso de la mentira, el chantaje y la manipulación. Fruto de todo esto, el sentido público de la comunicación queda gravemente golpeado e igualmente el derecho de los/as ciudadanos/as a estar debidamente informados, aspecto indispensable para poder participar plenamente en todos los aspectos de la vida democrática de un país, de un municipio o de una comunidad. Y esto no solo para las épocas electorales -que a eso se reducen las democracias formales- sino cuando se toman decisiones claves que tienen que ver con el presente y futuro de nuestros pueblos y países.
Si bien en el continente ya no se ejerce una abierta censura de prensa y ya no se queman libros en las calles como en las épocas dictatoriales, ahora, en el marco de las democracias formales, funcionan otros factores más sutiles que permiten a la elites privilegiadas “fabricar el consenso” y mantener el statu quo, como señala Noam Chomsky. Esos factores tienen que ver con el uso del marketing –que igual sirve para vender candidatos o camisas- , la sobreinformació n, la apropiación privada del espectro radioeléctrico y en general con la utilización del sistema mediático para ocultar, desinformar, manipular o adormecer. Esto no quiere decir, no obstante, que no se empleen métodos autoritarios, retaliaciones económicas, recursos legales e incluso la violencia y el asesinato para acallar a medios y periodistas críticos. (9)
Ante el descrédito de los partidos políticos, los medios han adquirido “un inusitado nivel de poderío en la conducción de la existencia social. Esto ha ocurrido a lo largo de los tres últimos lustros debido principalmente a dos fenómenos. Por una parte, grandes avances telemáticos en las técnicas de comunicación que han contribuido en mucho a aumentar el alcance y la calidad de la información, así como a acentuar la concentración de la propiedad de los medios. Y por otra, con mayor peso aún que la innovación tecnológica, la profunda pérdida de credibilidad, de autoridad y respeto que han experimentado los partidos políticos por su deficiente desempeño en la conducción de los negocios públicos y por su generalmente impune envolvimiento en la corrupción en múltiples maneras” (10). La política ya no tiene como escenario las calles y las plazas, sino los sets de televisión, las cabinas radiales y las páginas de los diarios y las revistas.
Notas
(1) De Moraes, Dénis (2003) O capital da midia na lógica da globalizaçâo, Por uma outra comunicação, midia, mundialização cultual e poder, Río de Janeiro, Editora Record.
(2) Tras la compra de la filial de Bellsouth en Argentina a mediados de enero del 2005, la empresa española de telecomunicaciones completó una operación de dominio en diez países latinoamericanos que arrancó en marzo de 2004. Ver: OMAL “Telefónica Móviles afianza su estrategia de expansión en Latinoamérica”, http://alainet. org/active/ 7547&lang=es, 2005-01-21
(3) Rogério Christofoletti, “Dez impasses para uma efetiva crítica de mídia no Brasil”, http://www.saladepr ensa.org/ 2004-01-31
(4) Ramonet Ignacio, “El control de Internet”,
http://www.mondiplo .com/isum/ Direct.jsp? ISUM_
(5) El vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Néstor Busso señala que la ICCAN maneja cuatro áreas básicas: 1) adjudica los nombres de dominio (es decir, las terminaciones .com, .org, .edu, .gov, etc.) y el código de cada país, 2) Concede los números de protocolos de Internet (llamados IP), que son 12 dígitos que llevan cada computadora para ser reconocida por otra; 3) Controla los “servidores raíz” que analizan las equivalencias de los IP y los dominios para que el tráfico fluya en orden y 4) Controla los “standards técnicos” para asegurar la interoperatividad de toda la red. Busso Néstor, “Estados Unidos Vs. el Mundo terminó en empate” : http://alainet. org/active/ 9778&lang=en, 2005-11-16)
(6) “Obstáculos planteados por el orden internacional vigente”: http://www.cubaminr ex.cu/Sociedad_ Informaciom/ Cuba_TIC/ Obstaculos. htm
(7) El 20% más rico de la población mundial acapara el 93,3% de los accesos a Internet, frente al 20% más pobre que apenas tiene el 0,2% de las líneas, PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU 2004, Ediciones Mundi-Prensa.
(8) Seán Siochrú, “Los derechos a la comunicación y la campaña CRIS”, América tina en Movimiento, N° 399-400, Quito, ALAI,
2005-10-12
(9) Decir la verdad se paga con la vida. Durante 2004, en el mundo
fueron asesinados 117 trabajadores de la prensa, de los cuales 20
correspondieron a América Latina. En los primeros cuatro meses de
2005, el número de reporteros latinoamericanos muertos ascendió a 8,
según la Federación Latinoamericana de Periodistas. Uribe Hernán, “En 2004 asesinaron a 117 periodistas. Veinte de ellos de América Latina”
http://alainet. org/active/ 7391&lang=en 2005-01-09
(10) Beltrán Salmón Luis Ramiro, “La ética periodística en Bolivia: situación y perspectivas”, http://www.saladepr ensa.org/ 2004-02-27
miércoles, 22 de abril de 2009
Reinventando a Sendero Luminoso
Carlos Angulo Rivas
¿Cuál es el interés de irse por las ramas? ¿Por qué el gobierno distorsiona la realidad y los analistas lo siguen en el auspicio de las mentiras? ¿Dónde está el discurso político de Sendero Luminoso para llamar subversión a los alarmantes casos del tráfico de cocaína? ¿No conoce el gobierno las cifras del gran negocio de la coca y a quienes favorece? ¿Cuáles son los motivos de no tocar la cuestión de fondo? Tenemos catorce efectivos militares muertos en una sangrienta emboscada en el VRAE, la zona más próspera del Perú en la producción de cocaína; y el facilismo del gobierno aprista de Alan García, a través de sus voceros Yehude Simon, primer ministro, Ántero Flores, ministro de Defensa y Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, es, todos muy contritos ellos, echarle la culpa a una organización política inexistente en términos cuantitativos y cualitativos. Nos hablan al unísono, por boca de García Pérez estos ministros, de unos remanentes de Sendero Luminoso y de una guerra antisubversiva contra los fantasmas guerrilleros como si los narcotraficantes no estuvieran armados hasta los dientes en defensa del multimillonario negocio de la cocaína en el país y dispuestos a defender a punta de balazos unas utilidades mucho más grandes que las dejadas por la gran minería, el sector de las principales primario-exportaciones del país. Primero veamos las cifras y luego saquemos conclusiones.
Un estimado del sociólogo Jaime Antezana, especialista en el tema, confirma que existe en el país una producción de 116,800 toneladas de hoja de coca de las cuales apenas 9,000 son utilizadas en el consumo tradicional e industrial, el resto se va a la fabricación de la cocaína ante las propias narices del gobierno. Y lo sorprendente de estas verificaciones está en que el país ha logrado darle un gran valor agregado a la producción, justo lo que no ha podido hacer con la industria ni con la minería; aquí sí la tecnología ha logrado progresos enormes, pues hemos pasado de ser un país productor de PBC (pasta básica de cocaína) a uno productor y exportador de cocaína de la fina. Este gigantesco paso industrial nos ha llevado a la producción de 260 toneladas de cocaína refinada exportable lo cual significa un valor de dieciocho mil doscientos millones de dólares en los mercados de consumo, escasamente cien millones de dólares menos que el total de las exportaciones mineras del año 2008 (equivalente a casi el 50% del total de las exportaciones peruanas.) Por supuesto, la gran diferencia estriba en que la minería es una actividad de exportaciones legales y la de la cocaína ilegal hasta cierto punto, porque tan enorme flujo de billetes pertenece a lo grotesco real imaginario de un especie de legalidad gubernamental de la "vista gorda." Tanto que 18 de las 260 toneladas de cocaína refinada producidas en el país son para consumo interno de las narices frías de nuestros conspicuos empresarios, jueces, políticos, periodistas y militares de alto rango, incluidos, los periódicos consumos en los platitos de plata acostumbrados en palacio de gobierno. Para nadie es un misterio que las fiestas de trago fino, la cuchipanda de los más ricos y de los hombres importantes comprometidos con ellos, están rodeadas del consumo en abundancia de cocaína fina, la blanca como le dicen.
Alrededor de tan cuantiosa producción, 260 mil kilos de cocaína, un poco más de cuarto de millón del polvillo sagrado de las narices frías; y de lo que en dinero efectivo significa 18, 200 millones de dólares, el problema en el país no es de subversión política guerrillera sino de bandas armadas de sicarios dispuestos a defender la producción y el negocio. Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el gobierno de Alan García como antes el de Fujimori, distorsionan la verdad a fin de encubrir la marcha de esa industria. No hay peor ciego que el que no quiere ver. A nadie más que al gobierno de Alan García y a los sectores del japonés sentenciado, Alberto Fujimori, les conviene resucitar a Sendero Luminoso y a su "ejército guerrillero popular" bajo la palabrilla de remanentes o rezagos de lo que fue el partido comunista de Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua en la base naval del Callao. ¿A quién encubre el gobierno de Alan García cuando se habla de guerra a la "subversión terrorista" y no a los barones de la droga? Los pobres soldados con su capitán al mando, catorce efectivos en total, han muerto de la manera más inverosímil creyendo defender la patria del comunismo internacional sin discurso a la vista y sin la organización que en la práctica feneció con el acuerdo de paz firmado por el presidente Gonzalo con el asesor Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Los remanentes o rezagos de Sendero Luminoso, según el gobierno enganchados a los sicarios de la droga, por principio no pueden ser subversivos sino mercenarios al servicio de la industria de la cocaína; por consiguiente la lucha debe darse contra la organización criminal de los narcotraficantes, sin buscar pretextos de carácter político.
El mismo analista Jaime Antezana señala que el Estado enfrenta una "guerra de la coca" en diversas partes del país, siendo la principal, por el volumen de producción, en el VRAE donde emboscaron, por segunda vez a una patrulla militar, con el saldo ahora de catorce muertos y varios heridos. En esta dirección, los enfrentamientos militares no tienen sentido mientras el gobierno se haga de la "vista gorda" con el problema principal que nada tiene que ver con una supuesta subversión política armada y sí mucho con las inexistentes pesquisas policiales sobre los vendedores de insumos y los fabricantes de la cocaína. A las zonas de producción ingresan incalculables cantidades de productos químicos necesarios para la industria sofisticada de la coca; además, salen toneladas de polvo blanco de las mismas zonas, trabajo de los mayoristas; y las autoridades bien gracias, ni civiles ni militares se dan cuenta. ¿Para qué van a malograr el negocio si el problema se soluciona echando la culpa a los "remanentes" de Sendero Luminoso, cuando celosos oficiales de bajo rango con sus soldados se van morir en manos de los sicarios? De que existe terrorismo en esas zonas, nadie lo duda, pero ese terrorismo no es subversivo sino de protección a la próspera industria de la coca. Se viene imponiendo en el país con anuencia del gobierno aprista de Alan García, la misma fórmula de Fujimori de protección al narcotráfico bajo el pretexto de combatir la subversión, modelo mexicano en desarrollo, sólo comparable a las victorias pírricas del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, hombre vinculado familiarmente al narcotráfico. La estrategia de Alan García de combatir la subversión del inexistente Sendero Luminoso en el VRAE y de ninguna manera a las organizaciones criminales de los narcos y la próspera industria de la cocaína, debe ser puesta en el candelero puesto que el gobierno ni siquiera sigue las recomendaciones de Estados Unidos a pesar de haber permitido el ingreso de tropas de ese país en la zona (Pichari.)
Los procedimientos mexicanos-colombianos vinculan a la política con la industria de la cocaína y en el Perú de hoy es una imitación que se inicia desde la época de Alberto Fujimori. No puede olvidarse que Vladimiro Montesinos fue un famoso abogado de narcotraficantes, convertido por el japonés en el segundo hombre más importante del país, luego que le consiguiera un millón de dólares del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para financiar la segunda vuelta electoral en contra de Mario Vargas Llosa. La metodología de la actividad narco-política perdura y es por ello que nuestro país se ha convertido en exportador de cocaína refinada, de otra manera las autoridades civiles y militares lo hubieran impedido. Desde Fujimori a la fecha, el narcotráfico importante del país goza de impunidad para actuar, financiar candidatos, premiar a las autoridades y a los jueces, promover presidentes y congresistas, de allí que los representantes menores como alcaldes, prefectos y gobernadores, no se atrevan a denunciar a nadie. Conocidos son los casos de líderes apristas comprometidos con el narcotráfico y ni qué se diga de los fujimoristas, quienes dieron oficialmente la protección del gobierno al ilícito negocio de las drogas hasta convertirnos en exportadores de cocaína (recordemos que se descubrieron naves de la armada y hasta el avión presidencial transportando la droga.) Alan García y sus ministros Yehude Simon, Ántero Flores y Mercedes Cabanillas, saben de memoria que el terrorismo actual es en defensa de la industria de la cocaína; saben de la existencia de las grandes pozas de maceración, de los insumos químicos que ingresan a las zonas productivas, de los aeropuertos clandestinos, de los campamentos; y lo más grave de la penetración de los intereses económicos relacionados a esta industria en el propio gobierno. Saben mucho, digamos, como para hacerse los tontos reinventando el peligro senderista en el país.
Allá los tontos de capirote que siguen la corriente interesada del gobierno y sus ministros para apoyar la estrategia "antisubversiva," no equivocada, sino interesada del gobierno aprista de Alan García y de los fujimoristas, con el delincuente recientemente sentenciado a 25 años de prisión a la cabeza, para distorsionar la realidad. Demás está decir que ambos grupos políticos se dan la mano a fin de proteger a los sicarios y barones de la droga en el país. Basta de enviar soldados a combatir a los narcoterroristas sin una política de demolición de las fábricas de cocaína y su infraestructura; sin una política de pesquisas policiales a los fabricantes, exportadores mayoritarios y vendedores de insumos químicos.
¿Cuál es el interés de irse por las ramas? ¿Por qué el gobierno distorsiona la realidad y los analistas lo siguen en el auspicio de las mentiras? ¿Dónde está el discurso político de Sendero Luminoso para llamar subversión a los alarmantes casos del tráfico de cocaína? ¿No conoce el gobierno las cifras del gran negocio de la coca y a quienes favorece? ¿Cuáles son los motivos de no tocar la cuestión de fondo? Tenemos catorce efectivos militares muertos en una sangrienta emboscada en el VRAE, la zona más próspera del Perú en la producción de cocaína; y el facilismo del gobierno aprista de Alan García, a través de sus voceros Yehude Simon, primer ministro, Ántero Flores, ministro de Defensa y Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, es, todos muy contritos ellos, echarle la culpa a una organización política inexistente en términos cuantitativos y cualitativos. Nos hablan al unísono, por boca de García Pérez estos ministros, de unos remanentes de Sendero Luminoso y de una guerra antisubversiva contra los fantasmas guerrilleros como si los narcotraficantes no estuvieran armados hasta los dientes en defensa del multimillonario negocio de la cocaína en el país y dispuestos a defender a punta de balazos unas utilidades mucho más grandes que las dejadas por la gran minería, el sector de las principales primario-exportaciones del país. Primero veamos las cifras y luego saquemos conclusiones.
Un estimado del sociólogo Jaime Antezana, especialista en el tema, confirma que existe en el país una producción de 116,800 toneladas de hoja de coca de las cuales apenas 9,000 son utilizadas en el consumo tradicional e industrial, el resto se va a la fabricación de la cocaína ante las propias narices del gobierno. Y lo sorprendente de estas verificaciones está en que el país ha logrado darle un gran valor agregado a la producción, justo lo que no ha podido hacer con la industria ni con la minería; aquí sí la tecnología ha logrado progresos enormes, pues hemos pasado de ser un país productor de PBC (pasta básica de cocaína) a uno productor y exportador de cocaína de la fina. Este gigantesco paso industrial nos ha llevado a la producción de 260 toneladas de cocaína refinada exportable lo cual significa un valor de dieciocho mil doscientos millones de dólares en los mercados de consumo, escasamente cien millones de dólares menos que el total de las exportaciones mineras del año 2008 (equivalente a casi el 50% del total de las exportaciones peruanas.) Por supuesto, la gran diferencia estriba en que la minería es una actividad de exportaciones legales y la de la cocaína ilegal hasta cierto punto, porque tan enorme flujo de billetes pertenece a lo grotesco real imaginario de un especie de legalidad gubernamental de la "vista gorda." Tanto que 18 de las 260 toneladas de cocaína refinada producidas en el país son para consumo interno de las narices frías de nuestros conspicuos empresarios, jueces, políticos, periodistas y militares de alto rango, incluidos, los periódicos consumos en los platitos de plata acostumbrados en palacio de gobierno. Para nadie es un misterio que las fiestas de trago fino, la cuchipanda de los más ricos y de los hombres importantes comprometidos con ellos, están rodeadas del consumo en abundancia de cocaína fina, la blanca como le dicen.
Alrededor de tan cuantiosa producción, 260 mil kilos de cocaína, un poco más de cuarto de millón del polvillo sagrado de las narices frías; y de lo que en dinero efectivo significa 18, 200 millones de dólares, el problema en el país no es de subversión política guerrillera sino de bandas armadas de sicarios dispuestos a defender la producción y el negocio. Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el gobierno de Alan García como antes el de Fujimori, distorsionan la verdad a fin de encubrir la marcha de esa industria. No hay peor ciego que el que no quiere ver. A nadie más que al gobierno de Alan García y a los sectores del japonés sentenciado, Alberto Fujimori, les conviene resucitar a Sendero Luminoso y a su "ejército guerrillero popular" bajo la palabrilla de remanentes o rezagos de lo que fue el partido comunista de Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua en la base naval del Callao. ¿A quién encubre el gobierno de Alan García cuando se habla de guerra a la "subversión terrorista" y no a los barones de la droga? Los pobres soldados con su capitán al mando, catorce efectivos en total, han muerto de la manera más inverosímil creyendo defender la patria del comunismo internacional sin discurso a la vista y sin la organización que en la práctica feneció con el acuerdo de paz firmado por el presidente Gonzalo con el asesor Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Los remanentes o rezagos de Sendero Luminoso, según el gobierno enganchados a los sicarios de la droga, por principio no pueden ser subversivos sino mercenarios al servicio de la industria de la cocaína; por consiguiente la lucha debe darse contra la organización criminal de los narcotraficantes, sin buscar pretextos de carácter político.
El mismo analista Jaime Antezana señala que el Estado enfrenta una "guerra de la coca" en diversas partes del país, siendo la principal, por el volumen de producción, en el VRAE donde emboscaron, por segunda vez a una patrulla militar, con el saldo ahora de catorce muertos y varios heridos. En esta dirección, los enfrentamientos militares no tienen sentido mientras el gobierno se haga de la "vista gorda" con el problema principal que nada tiene que ver con una supuesta subversión política armada y sí mucho con las inexistentes pesquisas policiales sobre los vendedores de insumos y los fabricantes de la cocaína. A las zonas de producción ingresan incalculables cantidades de productos químicos necesarios para la industria sofisticada de la coca; además, salen toneladas de polvo blanco de las mismas zonas, trabajo de los mayoristas; y las autoridades bien gracias, ni civiles ni militares se dan cuenta. ¿Para qué van a malograr el negocio si el problema se soluciona echando la culpa a los "remanentes" de Sendero Luminoso, cuando celosos oficiales de bajo rango con sus soldados se van morir en manos de los sicarios? De que existe terrorismo en esas zonas, nadie lo duda, pero ese terrorismo no es subversivo sino de protección a la próspera industria de la coca. Se viene imponiendo en el país con anuencia del gobierno aprista de Alan García, la misma fórmula de Fujimori de protección al narcotráfico bajo el pretexto de combatir la subversión, modelo mexicano en desarrollo, sólo comparable a las victorias pírricas del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, hombre vinculado familiarmente al narcotráfico. La estrategia de Alan García de combatir la subversión del inexistente Sendero Luminoso en el VRAE y de ninguna manera a las organizaciones criminales de los narcos y la próspera industria de la cocaína, debe ser puesta en el candelero puesto que el gobierno ni siquiera sigue las recomendaciones de Estados Unidos a pesar de haber permitido el ingreso de tropas de ese país en la zona (Pichari.)
Los procedimientos mexicanos-colombianos vinculan a la política con la industria de la cocaína y en el Perú de hoy es una imitación que se inicia desde la época de Alberto Fujimori. No puede olvidarse que Vladimiro Montesinos fue un famoso abogado de narcotraficantes, convertido por el japonés en el segundo hombre más importante del país, luego que le consiguiera un millón de dólares del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para financiar la segunda vuelta electoral en contra de Mario Vargas Llosa. La metodología de la actividad narco-política perdura y es por ello que nuestro país se ha convertido en exportador de cocaína refinada, de otra manera las autoridades civiles y militares lo hubieran impedido. Desde Fujimori a la fecha, el narcotráfico importante del país goza de impunidad para actuar, financiar candidatos, premiar a las autoridades y a los jueces, promover presidentes y congresistas, de allí que los representantes menores como alcaldes, prefectos y gobernadores, no se atrevan a denunciar a nadie. Conocidos son los casos de líderes apristas comprometidos con el narcotráfico y ni qué se diga de los fujimoristas, quienes dieron oficialmente la protección del gobierno al ilícito negocio de las drogas hasta convertirnos en exportadores de cocaína (recordemos que se descubrieron naves de la armada y hasta el avión presidencial transportando la droga.) Alan García y sus ministros Yehude Simon, Ántero Flores y Mercedes Cabanillas, saben de memoria que el terrorismo actual es en defensa de la industria de la cocaína; saben de la existencia de las grandes pozas de maceración, de los insumos químicos que ingresan a las zonas productivas, de los aeropuertos clandestinos, de los campamentos; y lo más grave de la penetración de los intereses económicos relacionados a esta industria en el propio gobierno. Saben mucho, digamos, como para hacerse los tontos reinventando el peligro senderista en el país.
Allá los tontos de capirote que siguen la corriente interesada del gobierno y sus ministros para apoyar la estrategia "antisubversiva," no equivocada, sino interesada del gobierno aprista de Alan García y de los fujimoristas, con el delincuente recientemente sentenciado a 25 años de prisión a la cabeza, para distorsionar la realidad. Demás está decir que ambos grupos políticos se dan la mano a fin de proteger a los sicarios y barones de la droga en el país. Basta de enviar soldados a combatir a los narcoterroristas sin una política de demolición de las fábricas de cocaína y su infraestructura; sin una política de pesquisas policiales a los fabricantes, exportadores mayoritarios y vendedores de insumos químicos.
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