Reinventando a Sendero Luminoso

Carlos Angulo Rivas

¿Cuál es el interés de irse por las ramas? ¿Por qué el gobierno distorsiona la realidad y los analistas lo siguen en el auspicio de las mentiras? ¿Dónde está el discurso político de Sendero Luminoso para llamar subversión a los alarmantes casos del tráfico de cocaína? ¿No conoce el gobierno las cifras del gran negocio de la coca y a quienes favorece? ¿Cuáles son los motivos de no tocar la cuestión de fondo? Tenemos catorce efectivos militares muertos en una sangrienta emboscada en el VRAE, la zona más próspera del Perú en la producción de cocaína; y el facilismo del gobierno aprista de Alan García, a través de sus voceros Yehude Simon, primer ministro, Ántero Flores, ministro de Defensa y Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, es, todos muy contritos ellos, echarle la culpa a una organización política inexistente en términos cuantitativos y cualitativos. Nos hablan al unísono, por boca de García Pérez estos ministros, de unos remanentes de Sendero Luminoso y de una guerra antisubversiva contra los fantasmas guerrilleros como si los narcotraficantes no estuvieran armados hasta los dientes en defensa del multimillonario negocio de la cocaína en el país y dispuestos a defender a punta de balazos unas utilidades mucho más grandes que las dejadas por la gran minería, el sector de las principales primario-exportaciones del país. Primero veamos las cifras y luego saquemos conclusiones.
Un estimado del sociólogo Jaime Antezana, especialista en el tema, confirma que existe en el país una producción de 116,800 toneladas de hoja de coca de las cuales apenas 9,000 son utilizadas en el consumo tradicional e industrial, el resto se va a la fabricación de la cocaína ante las propias narices del gobierno. Y lo sorprendente de estas verificaciones está en que el país ha logrado darle un gran valor agregado a la producción, justo lo que no ha podido hacer con la industria ni con la minería; aquí sí la tecnología ha logrado progresos enormes, pues hemos pasado de ser un país productor de PBC (pasta básica de cocaína) a uno productor y exportador de cocaína de la fina. Este gigantesco paso industrial nos ha llevado a la producción de 260 toneladas de cocaína refinada exportable lo cual significa un valor de dieciocho mil doscientos millones de dólares en los mercados de consumo, escasamente cien millones de dólares menos que el total de las exportaciones mineras del año 2008 (equivalente a casi el 50% del total de las exportaciones peruanas.) Por supuesto, la gran diferencia estriba en que la minería es una actividad de exportaciones legales y la de la cocaína ilegal hasta cierto punto, porque tan enorme flujo de billetes pertenece a lo grotesco real imaginario de un especie de legalidad gubernamental de la "vista gorda." Tanto que 18 de las 260 toneladas de cocaína refinada producidas en el país son para consumo interno de las narices frías de nuestros conspicuos empresarios, jueces, políticos, periodistas y militares de alto rango, incluidos, los periódicos consumos en los platitos de plata acostumbrados en palacio de gobierno. Para nadie es un misterio que las fiestas de trago fino, la cuchipanda de los más ricos y de los hombres importantes comprometidos con ellos, están rodeadas del consumo en abundancia de cocaína fina, la blanca como le dicen.
Alrededor de tan cuantiosa producción, 260 mil kilos de cocaína, un poco más de cuarto de millón del polvillo sagrado de las narices frías; y de lo que en dinero efectivo significa 18, 200 millones de dólares, el problema en el país no es de subversión política guerrillera sino de bandas armadas de sicarios dispuestos a defender la producción y el negocio. Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el gobierno de Alan García como antes el de Fujimori, distorsionan la verdad a fin de encubrir la marcha de esa industria. No hay peor ciego que el que no quiere ver. A nadie más que al gobierno de Alan García y a los sectores del japonés sentenciado, Alberto Fujimori, les conviene resucitar a Sendero Luminoso y a su "ejército guerrillero popular" bajo la palabrilla de remanentes o rezagos de lo que fue el partido comunista de Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua en la base naval del Callao. ¿A quién encubre el gobierno de Alan García cuando se habla de guerra a la "subversión terrorista" y no a los barones de la droga? Los pobres soldados con su capitán al mando, catorce efectivos en total, han muerto de la manera más inverosímil creyendo defender la patria del comunismo internacional sin discurso a la vista y sin la organización que en la práctica feneció con el acuerdo de paz firmado por el presidente Gonzalo con el asesor Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Los remanentes o rezagos de Sendero Luminoso, según el gobierno enganchados a los sicarios de la droga, por principio no pueden ser subversivos sino mercenarios al servicio de la industria de la cocaína; por consiguiente la lucha debe darse contra la organización criminal de los narcotraficantes, sin buscar pretextos de carácter político.
El mismo analista Jaime Antezana señala que el Estado enfrenta una "guerra de la coca" en diversas partes del país, siendo la principal, por el volumen de producción, en el VRAE donde emboscaron, por segunda vez a una patrulla militar, con el saldo ahora de catorce muertos y varios heridos. En esta dirección, los enfrentamientos militares no tienen sentido mientras el gobierno se haga de la "vista gorda" con el problema principal que nada tiene que ver con una supuesta subversión política armada y sí mucho con las inexistentes pesquisas policiales sobre los vendedores de insumos y los fabricantes de la cocaína. A las zonas de producción ingresan incalculables cantidades de productos químicos necesarios para la industria sofisticada de la coca; además, salen toneladas de polvo blanco de las mismas zonas, trabajo de los mayoristas; y las autoridades bien gracias, ni civiles ni militares se dan cuenta. ¿Para qué van a malograr el negocio si el problema se soluciona echando la culpa a los "remanentes" de Sendero Luminoso, cuando celosos oficiales de bajo rango con sus soldados se van morir en manos de los sicarios? De que existe terrorismo en esas zonas, nadie lo duda, pero ese terrorismo no es subversivo sino de protección a la próspera industria de la coca. Se viene imponiendo en el país con anuencia del gobierno aprista de Alan García, la misma fórmula de Fujimori de protección al narcotráfico bajo el pretexto de combatir la subversión, modelo mexicano en desarrollo, sólo comparable a las victorias pírricas del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, hombre vinculado familiarmente al narcotráfico. La estrategia de Alan García de combatir la subversión del inexistente Sendero Luminoso en el VRAE y de ninguna manera a las organizaciones criminales de los narcos y la próspera industria de la cocaína, debe ser puesta en el candelero puesto que el gobierno ni siquiera sigue las recomendaciones de Estados Unidos a pesar de haber permitido el ingreso de tropas de ese país en la zona (Pichari.)
Los procedimientos mexicanos-colombianos vinculan a la política con la industria de la cocaína y en el Perú de hoy es una imitación que se inicia desde la época de Alberto Fujimori. No puede olvidarse que Vladimiro Montesinos fue un famoso abogado de narcotraficantes, convertido por el japonés en el segundo hombre más importante del país, luego que le consiguiera un millón de dólares del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para financiar la segunda vuelta electoral en contra de Mario Vargas Llosa. La metodología de la actividad narco-política perdura y es por ello que nuestro país se ha convertido en exportador de cocaína refinada, de otra manera las autoridades civiles y militares lo hubieran impedido. Desde Fujimori a la fecha, el narcotráfico importante del país goza de impunidad para actuar, financiar candidatos, premiar a las autoridades y a los jueces, promover presidentes y congresistas, de allí que los representantes menores como alcaldes, prefectos y gobernadores, no se atrevan a denunciar a nadie. Conocidos son los casos de líderes apristas comprometidos con el narcotráfico y ni qué se diga de los fujimoristas, quienes dieron oficialmente la protección del gobierno al ilícito negocio de las drogas hasta convertirnos en exportadores de cocaína (recordemos que se descubrieron naves de la armada y hasta el avión presidencial transportando la droga.) Alan García y sus ministros Yehude Simon, Ántero Flores y Mercedes Cabanillas, saben de memoria que el terrorismo actual es en defensa de la industria de la cocaína; saben de la existencia de las grandes pozas de maceración, de los insumos químicos que ingresan a las zonas productivas, de los aeropuertos clandestinos, de los campamentos; y lo más grave de la penetración de los intereses económicos relacionados a esta industria en el propio gobierno. Saben mucho, digamos, como para hacerse los tontos reinventando el peligro senderista en el país.
Allá los tontos de capirote que siguen la corriente interesada del gobierno y sus ministros para apoyar la estrategia "antisubversiva," no equivocada, sino interesada del gobierno aprista de Alan García y de los fujimoristas, con el delincuente recientemente sentenciado a 25 años de prisión a la cabeza, para distorsionar la realidad. Demás está decir que ambos grupos políticos se dan la mano a fin de proteger a los sicarios y barones de la droga en el país. Basta de enviar soldados a combatir a los narcoterroristas sin una política de demolición de las fábricas de cocaína y su infraestructura; sin una política de pesquisas policiales a los fabricantes, exportadores mayoritarios y vendedores de insumos químicos.