Miedos y exclusiones

DESCO.

La generación de miedo es una de las herramientas políticas más usadas, antiguas y antidemocráticas que se conocen. Siempre viene acompañado de la duda. Para que rinda los efectos esperados, es decir, que su propagación motive la búsqueda de «orden y seguridad» a como dé lugar, no debe identificarse las causas. La cuestión es generalizarlo para que en el mar revuelto la ganancia de los pescadores sea la esperada.

Hay condiciones para que ello tenga éxito. Por ejemplo, que los medios de comunicación sirvan de soporte para difundir confusión, desinformación y, sobre todo, argumentos descabellados para asegurar que las sospechas queden flotando. En suma, debe evitarse las certezas.

Así, el acontecimiento que protagonizó hace unos días la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, es un nítido ejemplo de cómo actúan fuerzas anónimas pero poderosas desde los altos niveles de decisión del país, buscando implantar una sensación de caos. La cobertura ofrecida por gran parte de los medios de comunicación perfiló la idea de un posible ataque delincuencial. Posteriormente, confirmando sus conjeturas, desplegaron por todo lo alto la noticia de la captura de los supuestos delincuentes, antes de que se procediera a cualquier atisbo de investigación.

Desde esta perspectiva, el caso está casi cerrado aunque difícilmente se crea en ese argumento. En efecto, aunque suene paradójico, la cuestión última es que no se crea ni siquiera lo que se expone –agresión frustrada de delincuentes, que intentan asaltar a personas con evidente seguridad, sin el mínimo de información requerida– para así dejar las preguntas siempre abiertas: ¿Quién fue, finalmente? No se sabe.

Desmontar falacias motivadoras de dudas, entonces, exige plantear certezas, aun cuando sean mínimas. Una de ellas, si unimos la serie de evidencias que han empezado a manifestarse durante las últimas semanas, es la seguridad de que la política peruana se desenvuelve entre una espectacularizada formalidad en la que pocos creen –remitirse sino a las encuestas de opinión, en las que la ciudadanía muestra su alta desconfianza ante las autoridades que eligieron– y un opaco ámbito al que pocos tienen acceso pero en el cual se toman las decisiones en serio para el país.

En palabras de los cientistas políticos, es la paulatina primacía de los poderes fácticos que nadie elige pero que influyen de manera determinante en los rumbos que toma el país. Lo mismo, en la percepción de los ciudadanos, sería la sensación cada vez más alta de corrupción, sin tener a la mano herramientas eficaces para controlarla.

Las consecuencias de lo determinante que es la influencia del lado oscuro de la política se dan, de hecho, en diversos ámbitos que debieran ser motivo de análisis y seguimiento de los medios de comunicación, aun cuando no es así por las consideraciones expuestas líneas arriba.

Por ejemplo, todos ellos anuncian estos días, con bombos y platillos, el inicio de la implementación del TLC con Estados Unidos, simbolizado en una alegre ministra de Comercio Exterior despidiendo al primer container que salió rumbo a ese país, en el marco del referido tratado. La algarabía, claro está, no es acompañada de una sola línea sobre los impactos sociales y económicos que acarrearán la vigencia de dicho acuerdo.

No se plantea preocupación alguna sobre la situación actual y las proyectadas desmejoras que tendrán las condiciones de vida de los productores rurales. Nada se dice sobre la relación directa que tienen los acuerdos comerciales como el TLC con los EEUU y la profundización de las brechas de desigualdades, que tanto preocupan ahora al Banco Mundial.

Más aún, no parece haberse planteado un intercambio de opiniones sobre cómo armonizarían los acuerdos comerciales con las metas del supuesto plan anticrisis, ni con el recientemente anunciado plan de lucha contra la pobreza.

Así, los problemas de magnitud son soslayados. El asunto tiende a ser mayor que la simple despreocupación de los comunicadores porque, también en este caso, nos topamos con evidencias sobre cómo funcionan las dos caras de la política peruana. De un lado, están aquellos que pueden imponer sus intereses particulares en la formulación de la política comercial del Estado y, de otro lado, los involucrados con los efectos de estas decisiones, que no tienen mecanismos para que sus demandas sean tomadas en cuenta.