La lucha contra la corrupción como uno de los factores clave a considerar en la modelación del Ministerio del Ambiente

Por: Rodrigo Arce Rojas

Según el Diccionario de la RAE corrupción (Derecho) consiste en la utilización de las funciones y medios en provecho económico, o de otra índole, especialmente en las instituciones públicas. Por su parte Vito Tanzi (1994) refiere que la corrupción alude a “todo acto por parte de autoridades gubernamentales, sean estos hacedores de política o burócratas, que se desvía del objetivo de brindar el mayor bienestar social motivado por un fin de lucro personal o en beneficio de familiares o allegados.”

Veamos algunas características de la corrupción señaladas por Egaña (2006):

• Es un fenómeno de a dos (proceso interaccional): un corrupto (que se deja sobornar) y un corruptor (el que corrompe).
• Supone el menoscabo de un bien público, institucional o aún grupal en beneficio de un bien privado particular, grupal o familiar
• Implica un acto de desviación normativa
• El beneficio puede ser monetario o de otro tipo
• En la situación de corrupción normalmente se presenta una situación de asimetría en alguna dimensión del poder por parte del actor corruptor frente al actor corrompido
• Es cometido, generalmente, por personas de alto status socio - económico en el marco de su profesión, y por lo tanto frecuentemente expuesto a un sistema de inmunidades y criminalización selectiva, que puede aprovecharse de la indefensión

La corrupción no sólo se da en el ámbito político sino también empresarial Veamos algunas manifestaciones de estos tipos de corrupción:

Corrupción Política
• Malversación
• Patrocinio
• Extorsiones
• Sobornos
• Fraudes
• Nepotismo

Corrupción empresarial
• Transacciones no registradas
• Contabilidad alterada
• Falsedad en la declaración de impuestos
• Información distorsionada con fines de ocultamiento
• Códigos de conducta que no se aplican o simplemente no se implementan

Fuente: Adaptado de Quintana (2007).

Según PROETICA el Perú en el año 2006 se ubicaba en el puesto 76 (de 163 países) con 3.3 de puntuación en el índice anual de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. En un estudio realizado por APOYO (2006), encargado por CONFIEP y PROETICA la corrupción es uno de los cuatro problemas que preocupa a la ciudadanía pero el mayor que enfrenta el Estado. Aunque en el mismo estudio se señala que la mayoría cree que la democracia ayuda a enfrentar la corrupción y está demostrado que la corrupción tiene correlación directa con el desarrollo económico, la percepción es que no se hace mucho para atacar este gran problema.

En el Perú tenemos diferentes formas cómo se presenta la Ley:

• Hay Ley pero no hay reglamento
• Hay reglamento pero no hay recursos para la implementación
• Hay reglamento, recursos pero falta la voluntad política para su implementación

De ello se desprende la necesidad de:

• Difundir apropiadamente la normatividad
• Hacer cumplir la normatividad existente
• Contar con una institucionalidad pertinente con capacidad para hacer cumplir la ley
• Contar con los recursos necesarios para implementar la ley

Pero no basta una visión legalista para resolver el problema de la corrupción. Vemos que la ley también tiene algunos problemas:

• Muchas veces las leyes, como hijas de su tiempo y fusión de intereses políticos y económicos están direccionados por los grupos de poder al margen de consideraciones ambientales o sociales
• Muchos mecanismos de consulta y participación son más bien actos administrativos que compromisos reales por la sostenibilidad
• Muchas leyes ambientales están subordinadas a la necesidad de profundizar las inversiones privadas

Algunas de estas incoherencias se ponen de manifiesto cuando:

• Se declara de interés nacional la explotación de un recurso para subestimar aspectos ambientales y sociales
• Se pretenden hacer “interpretaciones auténticas”
• Se hacen malabares lingüísticos y se cambian las definiciones (valor agregado por ejemplo)
• Adrede se mantienen estándares ambientales muy por debajo de los estándares internacionales
• Se acortan plazos para la participación ciudadana
• Se encasillan a los que protestan como retardatarios del progreso
• Se dilatan eternamente los plazos de remediación ambiental
• Se direccionan los estudios de impacto ambiental, entre otros aspectos.

Por todo ello no basta un enfoque legalista. Lo que interesa es construir procesos de legitimidad normativa en base a un encuentro axiológico entre los actores. El desarrollo sostenible por definición involucra la transparencia y ética como base para la construcción de la confianza que es el pegamento para la construcción de capital social.

Puesto que la corrupción tiene una implicancia directa en la degradación ambiental es importante desplegar los esfuerzos necesarios para erradicarla. La gestión ambiental tiene en la estrategia de lucha contra la corrupción un elemento fundamental para hacerla viable.

Consideramos por tanto que la dimensión de lucha contra la corrupción, o mejor dicho, la dimensión a favor de la transparencia ambiental, es un factor que no debe ser soslayado. Tan importante como el factor humano en el diseño organizacional se debe considerar aspectos como la probidad e integridad de los funcionarios.

Es indudable que en la lucha contra la corrupción se debe favorecer la confluencia de mecanismos estatales como mecanismos de control social en base a la participación ciudadana. Estos son sólo unos apuntes para favorecer un diálogo generativo en esta dirección.

Literatura citada:
Egaña, Rodrigo y un colectivo de autores. Gobernabilidad y responsabilidad social: una tarea compartida. Santiago de Chile. 2006.
Quintana Martínez, Onexy. Corrupción, transparencia y sostenibilidad ambiental. ¿Relación peligrosa o beneficiosa? Publicado en Revista Futuros No.19, 2007 Vol. V.
http://www.revistafuturos.info