Un enfoque económico de lo sucedido en Bagua

Jorge González Izquierdo (*)

Los sangrientos y penosos sucesos de Bagua han sumergido al país en una profunda crisis política, social e institucional que debe llamar a profunda reflexión a toda la sociedad peruana. Hasta el momento, se han intentado hacer algunos análisis desde el punto de vista político y sociológico de lo sucedido. Pero desde el punto de vista económico, los análisis brillan por su ausencia más allá de hacer algunos estimados de probables costos económicos y financieros. En esta oportunidad, deseo centrar la atención sobre un aspecto en particular de lo sucedido, enfatizando aspectos de naturaleza económica.

Lo que el Gobierno intentó hacer con la formulación y promulgación del paquete de decretos legislativos relativos a la Amazonía fue en esencia imponer las reglas del mercado para normar el desenvolvimiento de las relaciones económicas en esa extensa y poca explotada zona del país. Sin embargo, lo que olvidó el Gobierno es que el mercado exige la existencia previa de ciertas condiciones para que funcione razonablemente bien y produzca los resultados que de él se esperan.

Un factor fundamental que permite que el mercado opere es la clara definición de derechos de propiedad. Y una vez producido ello, la clara defensa de esos derechos de propiedad; es decir, que se tienen que respetar. Sin esto no hay economía de mercado que funcione. Pero sucede que la definición de derechos de propiedad no está claramente definidos en la Amazonía.

Las diversas etnias amazónicas, como grupo, no saben a ciencia cierta y en términos legales dónde comienza y termina la propiedad de los bienes económicos que comandan, en especial la tierra. Por ello, se sintieron agredidos con los decretos en referencia que permitían, supuestamente, a la inversión privada instalarse donde creían conveniente. Con los derechos de propiedad definidos podrían, vía negociación, participar adecuadamente de los beneficios que la explotación económica acarearía.

Otro factor fundamental lo constituye contar con información completa para que sobre la base de ella puedan realizar transacciones mutuamente beneficiosas. Este factor también estuvo ausente. No se informó adecuadamente a la población ni se recogió sus opiniones al respecto. Y lo que es más grave crearon las condiciones para que interviniesen agentes foráneos y mal informaran a la población.

Quizá un ejemplo que me ofreció un exalumno grafique mejor la importancia de asignar correctamente los derechos de propiedad para obtener, vía mercado, resultados adecuados. Un padre está con sus dos hijas frente a una torta. El tema es cómo repartir la torta para que ambas queden contentas. Una posibilidad es que el papá (Estado) lo decida. Otra posibilidad es que el mercado lo decida. El padre le otorga a la hija mayor el derecho de partir la torta. A la hija menor, el derecho de escoger que pedazo prefiere. Sin qué el papá (Estado) intervenga directamente se podrá llegar a una solución eficiente.

En conclusión, considero que el Gobierno cometió errores conceptuales graves que lo llevaron a desencadenar la penosa situación en que se encuentra el país. Pero de los errores se aprende. Ojalá no los vuelva a cometer.

(*): Economista.