jueves, 28 de agosto de 2008

El gobierno de García desata crisis naiconal.

Manuel Dammert Ego Aguirre.
( en www.poderciudadano. org.pe n° 93)

Tres Decisiones Estratégicas Nacionales que debe conquistar la Ciudadanía y el Gobierno rectificar: Matriz Energética, Gas, Electricidad y Petroquímica; Biodiversidad Andina Amazónica; y Puertos, Ejes Logísticos y Empresas Publicas.

Los errores del Gobierno de García y su política neoliberal tardía, han puesto al país en crisis. Luego de sus Dos Discursos del 28 de Julio (en el Congreso y con el paquete de Decretos Legislativos del TLC con USA, que analicé en un artículo anterior), pensó que todo era fácil. Contaba con la avalancha inconstitucional de la mayoría de DLs, la formación de una singular mayoría propia congresal (APRA, fujimorismo y tránsfugas), y el control del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, para imponer el poder omnímodo del hortelano neoliberal. En pocos días, no obstante, la arbitrariedad de este voluntarismo arbitrario del neoliberalismo, se ha empezado a mostrar. Se ha hecho evidente la crisis, en sus inicios, pero de una grave perspectiva.

Esta crisis tiende a hacerse cada vez más aguda, siendo la inflación creciente uno de sus síntomas. Ya esta en curso el incremento de los combustibles, los alimentos, las tarifas de electricidad, las viviendas, los insumos productivos, que llevarán a un incremento general de precios. No se trata solo de los efectos de una crisis mundial que ya empieza a llevar a la baja los precios de los minerales, disminuyendo el sueño derrochador de nuestro auge exportador minero. Tampoco solo de las alzas de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos, que ya tienen efectos geopolíticos como el del conflicto en el Caucaso y los rediseños de alianza en suramérica. Pese a estos cambios adversos en el contexto internacional, suramérica y el Perú tenemos una oportunidad para el despegue al desarrollo, que la están aprovechando los otros países del continente. Pero que no se aprovecha en el Perú. El Gobierno actúa en función de los negocios mercantilistas de una neo-oligarquí a apátrida y voraz, abandona los intereses de la nación, y polariza cada vez mas la desigualdad económica-social entre la oligarquía y el pueblo. Esta es la causa de la crisis que ya está en curso y que puede hacerse más grave, si es el Gobierno acentúa una vocación autoritaria. La ciudadanía debe movilizarse para conquistar inmediatos y sustantivos cambios de rumbos. Son tres asuntos estratégicos claves, en los que puede y debe confluir la movilización ciudadana de estos días.

Primero, el cambio de Matriz Energética, el Gas, la Electricidad y la Petroquímica.

Los errores del Gobierno han llevado al racionamiento de energía eléctrica y la subida de sus precios, en los dos próximos años, y pueden frustrar el uso de estos recursos para cambiar la matriz energética como sustento del desarrollo.

Hace dos años debió promoverse la inversión en las generadoras hidroeléctricas, y se debió ejecutarse la inversión de 3 mil millones de dólares de Petroperu y Petrobras del polo Petroquímico en Ilo, con el consiguiente gasoducto andino. El Gobierno trabó estas decisiones, para priorizar los negocios mercantilistas. Pretende privatizar las generadoras hidroeléctricas, y acentuar la exportación del gas de camisea a chile. El resultado es el que vivimos ahora, no solo con el racionamiento y la subida de tarifas, sino con los siguientes peligros estructurales.

Se pretende destinar el uso interno del gas como fuente principal de generación térmica de electricidad, liquidando su prioridad petroquímica, y trabando las hidroeléctricas. Se quiere impedir definitivamente el polo petroquímico en el macrosur, mas aun ahora que Petrobras ha comprado las instalaciones Esso en Chile y anuncia una planta de Gasificación en el Norte de Chile. Como señala el Ing Herrera Descalzi, se esta poniendo en riesgo el sustento energético de la Nación, pues el gas de camisea, mal usado, derrochado y saqueado, de continuar la actual política puede estar agotándose el 2016, en que nos veríamos obligados a importar gas.

Es necesario que en forma inmediata se rectifique sustantivamente el despeñadero al que se nos está llevando. Hay que conquistar se imponga el interés nacional. No es que falten recursos; lo que se requiere es cambiar de política y dejen de trabar los proyectos de inversión indispensables.

Segundo, Biodiversidad Nacional, Andina Amazónica.

Actuando al margen de la Constitución, el Gobierno ha dictado pretextando el TLC con USA, DLs que se orientan a destruir nuestra condición de nación con megadiversidad biológica, una de las 5 del mundo, que debe ser mas bien sustento para lograr el desarrollo. Quiere imponer negocios de la neo-oligarquí a apátrida a cambio de pisotear los intereses de la nación.

Una medida estratégica es de los Transgénicos. Con la empresa Monsanto y sus ujieres, pretenden imponer los cultivos transgénicos, para hacernos dependientes de sus semillas y liquidar la producción agroecológica nacional.

La Otra cuestión estratégica es la Biodiversidad Andina Amazónica y los derechos de los Pueblos Indígenas. El Gobierno ha dictado inconstitucionales DLs para que se vendan las tierras de los pueblos indígenas andinos y amazónicos organizados en Comunidades Campesinas y Nativas. En el caso de la Amazonia, han lotizado la selva para acciones extractivistas de petróleo y maderas, que liquidaran bosques y su biodiversidad. De esta forma, destruyendo los territorios indígenas que protege la OIT y del cual el Perú es signatario, y pisotean la vida misma de los que son las guardianes de una de las riquezas básicas del pais y la humanidad.

El Gobierno y su neoliberalismo tardio, con este atropello a fundamentos de la nación, ha generado el Primer Levantamiento Indígena Amazónico del Siglo XXI. No hay que equivocarse respecto a lo que está aconteciendo. Los Pueblos Indígenas Amazónicos, al luchar por su territorio, están luchando por su vida y su cuerpo, por su sobrevivencia más elemental. Y lo hacen en defensa de una de las columnas vertebrales estratégicas de la nación. El Gobierno debe darse cuenta de lo que está pasando, y la ciudadanía debe movilizarse para obligar a que se hagan sustantivas rectificaciones, respetándose nuestra condición megabiodiversa y los derechos de los pueblos indígenas.

Tercero, los Puertos de Enapu, los Ejes Logísticos de Integración y las Empresas Públicas.

El Gobierno ha dictado DLs que anulan la condición de “pública”, es decir, de propiedad de todos los peruanos, de las empresas estatales estrategias ( Enapu, Petroperu, Electricas Estatales, Sedapal, Copac), que tienen a su cargo potestades claves de soberanía en asuntos portuarios, marítimos y energéticos. Y ha acentuado la pretensión de privatizarlos, en los puertos públicos que administra Enapu, trabando la diversificació n de actividades de Petroperu, y alistando la entrega a través e la Bolsa de Valores de Sedapal y las Eléctricas Estatales.

La neo-oligarquí a mercantilista pretende, como en la era del guano, que los excedentes del auge minero exportador les sirva para apropiarse a precio vil de los activos estratégicos del Estado. Pero, a diferencia del Siglo XIX, ahora esta neo-oligarquí a tiene dos núcleos que imponen el horizonte de sus intereses. En el sector naviero-portuario, el grupo chileno de Vonappen-Claro- Urenda, del cual es socio menor el Grupo Romero, son el monopolio que busca imponerse destruyendo Enapu, y exigen al Estado “co-financie”, es decir subsidie la privatización de los puertos. Manejan de tal forma el proceso de “concesión”, que incluso el diseñador del mismo es la consultora IKons vinculada a ellos.

Desde 1992 han trabado el despegue de los puertos peruanos, pero no han podido impedir que se desarrollen con la movilización ciudadana, como se ha logrado al movilizar el Callao un millón de contendores, que se hayan comprado dos grúas porticos, y que los puertos públicos de todo el país estén en crecimiento. Este año, el Gobierno pretende privatizar los puertos de Paita, Pisco, Iquitos, Yurimaguas e Ilo, y tiene lista la entrega de Enapu-Callao en cualquier momento. Buscan imponer así Monopolios cada puerto, , bajo el paraguas de Tramarsa o cualquier otro. Con ellos el Monopolio prochileno los supeditara a la estrategia geopolítica de Chile, debilitándolos en su rol en los los grandes ejes de integración del amazonas, del sur y del centro.

Pero al Gobierno le va mal. Ha trabado la inversión de Enapu, los GRs y Municipios en puertos, que ya tendría en un gran avance a los principales puertos del pais si se la hubiese permitido desde hace dos años. No lo autorizan, pero tampoco no logra imponer su privatización prochilena. La ambición del monopolio chileno exige “cofinanciamiento” , es decir que el Estado les entregue la infraestructuras, les de plata para sus inversiones y ellos solo reinviertan lo que obtengan de las operaciones comerciales del puerto. Se acaba de anunciar la postergación de la “concesion” de Pisco para el próximo año, y también la de Iquitos y Yurimaguas, y pronto se verá en Paita. En un juego de quien dice mas absurdos, entre la APN y el MTC anuncian cifras disímiles, hablan que serán al mismo tiempo “autosostenidas” ! y “cofinanciadas” . Ante esta paralisis, Enapu ha empezado a invertir en Salaverry, en el Callao y en Iquitos. Y los Gobiernos Regionales y Municipalidades Portuarias han anunciado que van a invertir en consorcios con Enapu y socios estratégicos de primer nivel, tanto en Ica, como en Loreto y en Piura. El Gobierno debe rectificarse y dejar de trabar la inversión estratégica en puertos públicos.

Para afirmar la soberanía, que el núcleo estratégica de empresas públicas garantiza, es necesario de derogar los DLs privatizadores y mercantilistas. El Frente de Trabajadores de Empresas Publicas, ya esta recolectando las firmas para una Iniciativa Legislativa, que derogue los DLs 1022 y 1031 y afirme la Soberanía Marítima-Portuaria- Energética. En 30 dias presentaran las firmas y el proyecto al Congreso, el que esta obligado a pronunciarse. Y si se oponen, se abre la vía para un gran, inmenso, decisivo, referendum nacional, a través del cual la ciudadanía obligue al Gobierno a respetar la soberanía y las empresas de todos los peruanos.

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