Grandes agendas para un semestre corto

Para los peruanos, en la práctica, el segundo semestre del año se inicia recién en agosto. Esta parte del año se nos aparece con una agenda recargada, que se construye a partir de los mensajes presidenciales, la necesidad de definir y aprobar el presupuesto general de la república para el año venidero y la resolución de las tensiones que se arrastran de los meses anteriores. Sin embargo, habría que agregar que debe implementarse en medio de graves problemas en la popularidad presidencial (las últimas encuestas arrojan resultados por debajo del 10% de aprobación en la región sur del país) y cuando los operadores gubernamentales dan muestra de habérseles agotado la imaginación para sortear en debida forma la creciente conflictividad social.
Entonces, el tema de la definición de esta agenda corresponde, por un lado, a los usos y costumbres (es el momento en que tradicionalmente se ventilan los pliegos de reclamos), pero también a aspectos puntuales que aparecen sobre la mesa que son generados por el interés de distintos actores sociales, económicos y políticos como, por ejemplo, el de la propiedad de la tierra de las comunidades campesinas y nativas.

Las ya de por sí limitadas expectativas de la mayoría de la población en torno a cambios en la política económica que se traduzcan en mejoras sustanciales en su calidad de vida, terminaron de enfriarse con el discurso presidencial. La puesta en marcha de medidas redistributivas, de mayor justicia social, o al menos de menor exclusión, no son objeto de discusión para este gobierno que se empeña en atribuir el creciente descontento por la inflación y el alza del costo de vida a expectativas que no pueden satisfacerse debido a factores del escenario internacional.
A pesar de esta cerrazón, los puntos fijos de la agenda nos habrán de colocar necesariamente frente a un nuevo pulseo. Para empezar, detrás del proceso de aprobación del nuevo presupuesto nacional para el año 2009 están temas como la estrategia para combatir la inflación y la modificación del manejo de los recursos del canon. Y en la disputa no están solo los intereses de los empresarios mineros o de los gobiernos regionales sino también la presión de las Fuerzas Armadas para que se atiendan sus demandas salariales, el equipamiento militar y por qué no, negociar en ese mismo paquete temas más calientes como los juicios por temas de derechos humanos.

La agenda pasa también por la atención a los más pobres, la necesidad de operar cambios en las políticas sociales y la subvención de los combustibles en un escenario potencialmente inflamable por las alzas de los pasajes y el transporte. Alan García tiene una agenda que no conocemos bien, en la que seguramente uno de los puntos es sacarle el mejor provecho posible a la reunión de APEC en noviembre, pero también algunas medidas para revertir una situación de descrédito total por parte de la ciudadanía de todo el sur del país.

Así, estos meses son el momento propicio para que cada quien se posicione con sus demandas para la agenda a tratar en este semestre corto, y los gobernantes deberán hacer la alquimia indispensable para sintonizarlas con las urgencias y preocupaciones que demandan la gobernabilidad nacional. Lo cual conduce a pensar en lo indispensable que resulta la concertación en serio y buscar un escenario viable para ello. Ahora bien, esto implica, además, que busquemos abrir espacios para ello, porque está visto que el ágora natural, el Congreso Nacional, no lo es por ahora y por un buen rato. Entonces, estamos ante un escenario en el que organizar la agenda pasa por demandar un mayor compromiso de la ciudadanía, para que el resultado a fin de año no sea el de la agudización de la crisis, la confrontación social y la mayor pérdida de gobernabilidad en un país que ha crecido como nunca, pero que, al mismo tiempo, muestra peligrosos talones de Aquiles.

Tal vez la sociedad civil, la prensa más responsable y una que otra institución con cierta credibilidad puedan salir a aportar a que nuestra agenda nacional sea manejable y nos lleve a consolidar la democracia y avanzar verdaderamente en el combate a la pobreza y la exclusión social.

desco Opina / 21 de agosto 2008